La reivindicación de los derechos reproductivos de la mujer
Paulina Ramírez; un nombre como cualquier otro que pasó a la historia por haber encarnado un testimonios cruel de la violencia de género: fue víctima de abuso sexual durante 1999 en Baja California, a los 13 años. Aunque el Ministerio Público autorizó el aborto, Ismael Ávila Íñiguez, entonces director del Hospital General de Mexicali aseguró que la joven perdería la vida en el proceso. Paulina y su madre creyeron la mentira.
La ley en ese año ya permitía el aborto hasta los tres meses de gestación. Sin embargo, Paulina también fue presionada desde la justicia estatal y la iglesia. Juan Manuel Salazar, entonces procurador de aquella dependencia llevó a la adolescente ante un sacerdote, quien afirmó que interrumpir el embarazo sería “causa de excomunión”.
Tras el nacimiento de Isaac el 13 de abril de 2000, la justicia comenzó un largo proceso hasta el 8 de marzo de 2006, cuando el estado mexicano reconoció el derecho al aborto en casos de abuso sexual. Con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se llegó al acuerdo que estipula atención psicológica para Paulina y apoyos económicos de 5 mil 290 pesos cada ciclo escolar para solventar los gastos de Isaac hasta la preparatoria.
¿Por qué es necesario recordar el caso de Paulina? “Porque en la actualidad hablamos sobre mujeres que necesitan decidir sobre sus cuerpos. En ese tema hay un retroceso en México”, denunció en entrevista Arlet Palestina, abogada especializada en Derechos Sexuales y Reproductivos.
Derechos sexuales y reproductivos, una historia en eterno proceso
En México hay 14 derechos que garantizan una vida sexual y reproductiva plena para las personas:
- Decidir sobre mi cuerpo y mi sexualidad
- Ejercer y disfrutar mi sexualidad
- Manifestar mis afectos públicamente
- Decidir con quien o quienes me relaciono
- Respeto a mi privacidad e intimidad
- Vivir libre de violencia
- Decidir sobre mi vida reproductiva
- Igualdad
- Vivir libre de discriminación
- Información sobre sexualidad
- Educación integral en sexualidad
- Servicios de salud sexual y reproductiva
- Identidad sexual
- Participación en políticas públicas sobre sexualidad
Un paso importante en el reconocimiento a estas legislaciones en el país fue la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, China, celebrada en 1995. En ella se alcanzó un punto de inflexión de igualdad de género con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que establecía 12 esferas de en las que resaltaban objetivos como finalizar la violencia contra las mujeres, fomentar el empoderamiento económico femenino, garantizar el acceso a la salud y a la participación política.
La cuarta conferencia también es considerada un peldaño importante en el camino hacia la judicialización de los derechos de la mujer. Las acciones propuestas en Beijing se adoptaron en 189 países y consolidaron 50 años de avances jurídicos planteados en las tres reuniones anteriores.
La primera se realizó en México durante junio de 1975, cuyos objetivos contemplaban el acceso al trabajo, la educación, el voto y a mejores condiciones de vida para 1980. Para reforzar estas metas, el país emitió el artículo 40 que reconoce los derechos reproductivos de hombres y mujeres. También ratificó el convenio de la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1981, como explicó Palestina.
Fue hasta 1994, durante la Conferencia sobre Población y Desarrollo de El Cairo, que se esclareció el derecho que tienen una mujer a tener control y decidir responsablemente sobre los asuntos relativos a su sexualidad, incluidas su salud sexual y reproductiva, libres de coerción, discriminación y violencia.
Aunque los convenios legales a nivel internacional tengan validez en cada país que los ratificó, “En México no hay leyes secundarias para garantizar igualdad entre mujeres y hombres”, explicó Palestina y mencionó que faltan políticas públicas que informen a las mujeres sobre sus derechos y otorguen un acceso a la salud integral.
La abogada también considera que el trabajo sexual debería ser un tema que atraviese el debate de todos estos derechos. “Si bien en la CDMX, Michoacán y Chihuahua hay una ley que reconoce esta actividad, las restricciones y la poca regulación al respecto en otros estados provoca que el crimen organizado tome el control”.
El tema urgente del acceso al aborto, es un derecho que ha permanecido en disputa en los años reciente: “Debería existir un marco jurídico que erradique la discriminación y el prejuicio que comienza cuando una institución pregunta a una mujer por qué quiere abortar”, complementó la abogada.
Aborto y agresiones sexuales, las deudas con la justicia
En México, la marea verde ha avanzado con la despenalización del aborto en 11 de 32 estados: Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, Colima, Ciudad de México (CDMX), Veracruz, Colima, Hidalgo, Sinaloa, Baja California Sur, Coahuila y Baja California Norte. El resultado fue posible debido a los avances alrededor del mundo por el respeto de los derechos sexuales y reproductivos.
Desde el 26 de abril de 2007, en CDMX se reformó el Código Penal y se modificó la Ley de Salud para reconocer el derecho de las mujeres a interrumpir legalmente su embarazo durante las primeras doce semanas de gestación.
En la práctica, “el acceso al aborto todavía se discute y está lejos de cumplir con los convenios internacionales porque no se cuenta con la infraestructura necesaria y la discriminación comienza desde los centros de salud”, sentenció la abogada feminista, luego de reiterar que en algunos hospitales aún se pide una justificación para interrumpir el embarazo.
En palabras de Palestina, el derecho debería convertirse en una realidad a lo largo del país, en especial por los casos de abuso sexual que fueron denunciados en 6 mil 977 llamadas al 911, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), un máximo histórico.
Este delito afecta a 6.4 millones de mujeres de 15 años y más que vivieron situaciones de abuso sexual durante su infancia. Ante el panorama, la abogada feminista comentó que las autoridades aún tienen una deuda urgente por saldar con las mexicanas. En 2018 un total de 10 mil 298 niñas de 11 a 14 dieron a luz.
Leyes necesarias para garantizar los derechos sexuales y reproductivos
Arlet Palestina también es colaboradora en la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, organización dedicada a promover los derechos de las trabajadoras sexuales y personas transgénero, además comabate la trata de blancas. Debido a su experiencia en la ONG, ha identificado qué necesitan algunas leyes ya existentes para respetar los derechos de las mujeres.
La ley contra la trata está enfocada a castigar a quienes exploten sexualmente a una persona. Sin embargo, en palabras de Palestina, “será necesario modificarla para que deje de criminalizar a las trabajadoras sexuales por ejercer”.
Uno de los argumentos de la abogada es que estas mujeres también recurren a sus derechos sexuales al decidir de forma legítima y voluntaria dedicarse al mercado sexual. “Lo que se necesita es una regulación que integre a las trabajadoras al seguro social y sistema de pensiones, como cualquier otro empleado”, explicó.
Otra de las legislaciones que en México queda pendiente es la ley de identidad de género. Si bien la CDMX permite que una persona cambie de sexo en documentos oficiales y cuenta con una clínica trans, el resto del país aún carece de estos sistemas. “Hace falta que se considere a esta comunidad, sus necesidades como las terapias hormonales y un trato libre de discriminación en el mercado laboral”, agregó.
Por último, mencionó que el alquiler de vientres es, en la actualidad, uno de los temas por los que se preocupa. La gestación subrogada, proceso clínico en el cual la mujer accede a gestar al hijo de otra persona o pareja, ha sido regulada únicamente en dos estados: Tabasco y Sinaloa.
El resto del país aún se encuentra en un proceso de legalización difuso. “Los vacíos legales provocan que empresas privadas, sin un adecuado procedimientos médicos, recluten a las jóvenes a través de redes sociales y las expongan a un gran peligro como afectar su matriz de por vida”, denunció la abogada.
En síntesis, Palestina propuso un método con el que los podrían judicializarse estos derecho: erradicar la discriminación por razones de género y los prejuicios morales.
Al respecto mencionó el ejemplo de la organización GIRE, encabezada por la precursora del feminismo y derechos trans, Marta Lamas. Su ONG logró acompañar de forma gratuita procesos de aborto con base en los derechos reproductivos, en especial en los casos de abuso sexual.
Palestina también recordó uno de los logros de la Brigada Callejera que consiguió, junto a otros colectivos de activistas: la Sentencia del Juicio de Amparo 112/2013, con la que el gobierno de la CDMX reconoció como trabajadoraxs no asalariadxs a quienes brindan sexoservicios.
“Se necesita un movimiento social que exija reflejar en la práctica lo que dicta la constitución”, concluyó la abogada respecto a cuál podría ser una vía hacia la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
Fuente y referencias:
- https://www.corteidh.or.cr/tablas/r38460.pdf
- https://www.cidh.oas.org/annualrep/2007sp/mexico161.02sp.htm
- https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/235068/Cartilla_de_derechos_sexuales_Blog.pdf
- https://www.un.org/es/conferences/women/beijing1995
- http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100073.pdf
