Tierra Adentro
Portada de "Noti-calle" No.27, Julio 2022.
Portada de “Noti-calle” No.27, Julio 2022.

En la sala común de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, cerca del mercado de la Merced, conversaban tres personas. Sus relatos reverberaban más fuerte que los gritos de los vendedores al vocear la mercancía. “Yo tengo mucho que contar”, interrumpió alguien en la charla, “un día, después de terminar el servicio, mi cliente me encerró en su casa, y sacó un machete. Quería matarme. Como pude me defendí y escapé de ahí”.

La mujer de corta estatura que la escuchaba respondió con una anécdota similar: “Una vez quisieron levantarnos. Eran dos gorilas armados, entonces yo salté hacia la cara de uno de ellos, y le arrebaté la pistola. Lo sueltas o se los carga la verga”, amenazó a los policías que encañonaron a su compañero Jaime Montejo. Después arrojó el arma a una cloaca abierta. El acto solo postergó la paliza que recibieron a manos de otros judiciales, de acuerdo con Putas, activistas y periodistas (Brigada Callejera y Desinformemonos, 2018).

Portada de "Putas, activistas y periodistas", Brigada Callejera y Desinformemonos, 2018.

Portada de “Putas, activistas y periodistas”, Brigada Callejera y Desinformemonos, 2018.

Con el temple de quien sobrevive entre el caos, dio media vuelta, extendió una sonrisa y se presentó: “soy Elvira Madrid, manito”. Madrid, o mamá Elvira, como la llaman, se acerca a los 65 años de edad. Ha presidido la Brigada Callejera desde 1993, organización especializada en la defensa de los derechos humanos, civiles y laborales de las trabajadoras sexuales y mujeres trans así como migrantes en situación irregular.

Elvira Madrid en La Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”. Cortesía de Diego Durán.

Elvira Madrid en La Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”. Cortesía de Diego Durán.

Madrid ha visto cómo el trabajo sexual independiente es travesado por la trata de personas con fines de explotación sexual. Este delito es definido como toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación, de acuerdo a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos.

La diferencia entre trata de personas y trabajo sexual es la autonomía con la que se ofrecen servicios sexuales y/o eróticos a cambio de algún tipo de ingreso, como se explicó en la introducción de la segunda encuesta sobre trabajo sexual, elaborada en 2021 por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).

Sin embargo, desde el 2020 a lo que va del 2022, el trabajo sexual independiente ha enfrentado extorsiones de grupos delictivos y policías. Los resultados de la segunda encuesta del COPRED, arrojan que la policía ha violentado al 78.7% de las trabajadoras agredidas por alguna instutución.

La Brigada ha identificado a dos altos mandos policiales que cobran derecho de piso en tres ubicaciones: “Puente de Alvarado, Av. México-Tenochtitlán y Jardín de San Fernando, entre ellos se reparten estos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc”, refirió Arlen Palestina, abogada del área jurídica de Brigada Callejera, donde a lo largo del 2022, se han abierto 160 carpetas de investigación por extorsión, y trata de personas; pero solo se han judicializado 22.

Palestina explicó que la gran mayoría de los perpetradores son miembros del crimen organizado, cuya impunidad comienza desde el poder judicial. También esclareció que solo cuatro carpetas implicaron a dos extrabajadoras sexuales, quienes explotaron sexualmente a otras mujeres. “Ellas están en la cárcel de Santa Marta, pero bajo el delito de extorsión, no de trata de personas”, reprochó la abogada el veredicto del caso.

Palestina exigía que los involucrados en trata de personas fueran encarcelados por ese delito. Una petición rechazada en varias sentencias en las que ha participado la abogada. “También hay dos chicos que están en el reclusorio oriente, de nuevo, por el delito de extorsión”.

 Tres modelos frente a la criminalización

Aunque los cobros por derecho de piso fueron denunciados por la Brigada, la omisión por parte de las autoridades ha afectado a las 15 mil 200 trabajadoras sexuales de la CDMX, en especial a quienes ejercen en los tres puntos que mencionó Palestina en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se concentra el 37.3% de las trabajadoras.

Existe la posibilidad de reducir las extorsiones a través de la Sentencia del Juicio de Amparo 112/2013, resuelto el 31 de enero de 2014, por la jueza federal, Paula María García, en la cual se obliga al Gobierno capitalino a reconocer como trabajadoras no asalariadas, a las/los trabajadoras/es sexuales que laboran en la CDMX, cuando no exista una relación obrero patronal reglamentada en la Ley Federal del Trabajo, incluyendo el derecho a formar sindicatos.

Elvira Madrid explicó que, debido al mandato de la jueza, el Gobierno de la CDMX debería expedir las credenciales de trabajadoras no asalariadas, a través de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE). Los requisitos para obtenerlas son una  identificación oficial que compruebe su mayoría de edad, acta de nacimiento, CURP y cuatro fotografías. La información que se concentra en las credenciales indica su nombre, donde trabajan y los horarios.

En 2016, sólo 177 trabajadoras sexuales de un total de 250 mil contaban con la credencial. El proceso se ha detenido desde que inició la pandemia por Covid-19 en 2020, a pesar de que la Brigada gestionó 2 mil 500 solicitudes durante el 2022, y alrededor de 3 mil del 2020 al 2021. “Yo creo que vamos a implementar ya un juicio, haremos constar que ellos no están cumpliendo”, adelantó Madrid la reciente iniciativa del área legal de la Brigada.

Mencionó que las autoridades niegan la existencia de las solicitudes. Otra respuesta que han escuchado es el rechazo de la autorización por parte de las alcaldías para que las trabajadoras sexuales laboren en las calles. “Pero la alcaldía no tiene el derecho de dar los permisos”, Madrid se refirió a la sentencia 112/2013. “Al tener un permiso ya ni el padrote, ni la policía pueden llegar a exigir dinero. Por eso no quieren dar las credenciales”, agregó.

Desde el 31 de enero del 2014, el trabajo sexual es reconocido como una actividad económica, sin penalización ante la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, en el artículo 24, fracción VII.

La criminalización a las trabajadoras sexuales aún supone un riesgo recurrente. Las observaciones de la Brigada en los 28 estados de la República donde hay trabajo sexual, identifican el aumento de las condiciones negativas cuando se criminaliza a quienes ejercen esta actividad. Debido a la persecución, “las chicas quedan relegadas a condiciones más cabronas, incluso al narco, en un clima de corrupción e impunidad”, especificó Madrid.

Hay precedentes de dos modelos que México podría considerar en la regulación del sector: “el abolicionista y el legal”, enlistó la doctora Alejandra Buggs, psicóloga clínica, especialista en Estudios de Género y fundadora del Centro de Salud Mental y Género. La doctora ahondó en la experiencia de otros países bajo estos esquemas y retomó el artículo: El sistema de prostitución como legitimador de la dominación de las mujeres, escrito por la investigadora Frida Hernández.

En el texto, se registran las consecuencias de Países Bajos al implementar el modelo legal del trabajo sexual, entendido como una actividad comercial y voluntaria, en el 2000. Contrario a lo esperado, para el 2017, el número anual de víctimas de trata de personas aumentó a 6 mil 250; de las cuales, el 67% fueron violentadas con fines de explotación sexual.

Alemania, uno de los países en adoptar el mismo modelo en 2002, exigió a las trabajadoras y propietarios de burdeles pagar impuestos mientras accedían a la seguridad social. En 2016, se observó que el 95% de quienes ejercían el trabajo sexual eran mujeres extranjeras, la mayoría en condiciones precarias. La explotación aún representaba un problema, pese a la prohibición de tarifas bajas  a cambio de múltiples servicios sexuales.

El modelo abolicionista se fundamenta en la defensa de Derechos Humanos y la protección a las trabajadoras sexuales. Fue implementado en Suecia durante 1999, y sanciona tanto a los consumidores del trabajo sexual como proxenetas. En los primeros 10 años, se redujo a 8% la población que contrataba servicios sexuales. Además 40 hombres han sido sentenciados por trata.

De acuerdo con el artículo de Frida Hernández, citado por la doctora Buggs, México se adscribe en el “modelo reglamentario”, que entiende a la prostitición como inevitable y exige a quienes la ejercen a realizarse exámenes de enfermedades de transmisión sexual, o restringir su labor a en determinados lugares.

Elvira Madrid comentó que criminalizar al cliente y a las trabajadoras sexuales es una regularización inútil, incluso contra la trata de personas. La directora de la Brigada ha exhortado a las autoridades a continuar con las carpetas de investigación y denuncias que gestionaron del delito.

Propuso que el dinero incautado de los involucrados en la trata de personas debería entregrarse a las víctimas; de esa forma, “podrían puedan hacer su vida. Eso es un verdadero rescate”. Reconoció que el Estado falló al coartar sus derechos a la educación, salud y un empleo formal.

Madrid insistió en la necesidad de crear un presupuesto gubernamental para prevenir que una persona recurra al trabajo sexual debido a la precariedad laboral, o el desempleo. “Esto lo vimos en la pandemia: el 50% de las compañeras que ejercieron, ni siquiera tenía contrato en los trabajos donde las corrieron”.

Aclaró que la mayoría de las mujeres encuestadas, laboraba por un salario debajo del mínimo, en una jornada mayor a ocho horas. “Eso es trata laboral, y hay un chingo”, determinó. Conforme a los datos recabados por la Brigada respecto a la situación social de las 15 mil 200 trabajadoras sexuales, el 75% son madres solteras y en promedio tienen tres hijos. “De acuerdo a nuestras estadísticas, las compañeras sobreviven con el 30% de lo que solían ganar”, puntualizó Madrid.

La Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”. Cortesía de Diego Durán.

La Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”. Cortesía de Diego Durán.

La Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”. Cortesía de Diego Durán.

La Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”. Cortesía de Diego Durán.

Los limitantes de la regulación

Si bien el trabajo sexual ofrece una alternativa para generar ingresos, el 67.3% de la población encuestada por el COPRED afirmó que dejaría esta actividad. Entre las principales razones resaltan la aspiración a tener un empleo formal, la discriminación y violencia en las calles.

Geraldina González de la Vega, presidenta del COPRED, identificó que el principal generador de agresiones hacia las trabajadoras se deriva de los prejuicios respecto a si un hombre, mujer, o persona no binaria, puede tomar una decisión para dedicarse al trabajo sexual, como una opción para obtener dinero.

Detalló que hay dos discursos que obstaculizan una regulación legal. Una viene desde la corriente abolicionista, “que consideran que las mujeres son objetivadas, y que no deberían usar su cuerpo para obtener un ingreso”. El otro considera inmoral el trabajo sexual, “porque las relaciones sexuales deben tenerse únicamente dentro del matrimonio”.

Ambas posturas generan temor en las autoridades, “porque quieren evitar que se piense que se está legalizando el abuso de los cuerpos de las mujeres”, aclaró González de la Vega y enfatizó que es fundamental diferenciar el trabajo sexual de la trata de personas con fines de prostitución.

Las sobrevivientes de este delito y las trabajadoras han sido la población más vulnerable a las agresiones de género. La doctora Bugss, junto a sus colegas, han observado las consecuencias que las víctimas de trata enfrentan después de atravesar un proceso de cosificación a manos de sus agresores.

Cuando logran escapar, comentó la doctora Buggs, presentan una depresión profunda y han atravesado por intentos de suicidio. Una de las mayores dificultades en el acompañamiento que ofrece el grupo de expertas en salud mental es fomentar el autocuidado en las pacientes. Es el primer paso que se intenta alcanzar con las mujeres violentadas para que ellas mismas ejerzan sus derechos.

La labor de la doctora Buggs se ha complicado, “porque las sobrevivientes suelen sentir que no merecen vivir mejor”. Explicó que para estas mujeres es complicado darle valor a lo que está percibiendo, “porque han creído en quienes se convirtieron en sus agresores”.

Desde el Centro de Salud Mental y Género, las terapéutas concordaron con la Brigada al señalar a la policía y el crimen organizado como los perpetradores de distintas agresiones de género contra las trabajadoras sexuales. “Las golpean, o las drogan”. Incluso, la doctora Buggs contempló a los clientes como agresores comunes, quienes de acuerdo al COPRED, han violentado al 69.2% de las mujeres encuestadas.

“Lamentablemente”, agregó la doctora Buggs, “por no llevar a cabo las leyes cómo debería ser, tanto quienes explotan a las mujeres sexualmente, como quienes contratan sus servicios, se sienten con el derecho de poderlas violentar”. De esa forma comienza un ciclo de impunidad en el que la discriminación invisibiliza a las trabajadoras.

González de la Vega consideró que los estigmas revictimizan a quienes ejercen el trabajo sexual en las calles. Conforme a sus conclusiones, la gente califica de inmoral a una persona que gane un ingreso con su sexualidad. La doctora Buggs coincidió en que los prejuicios suponen un daño mayor, y comienzan desde el sistema patriarcal que acota las relaciones sexuales en el matrimonio.

“No se trata de ver a la prostitución como algo malo”, planteó la doctora Buggs, “sino que se convierte en algo negativo en el momento en el que hay violencia de por medio”. González de la Vega observó que las personas trans dedicadas al trabajo sexual son señaldas por mentir respecto a su identidad de género”. Debido a estos factores, son criminalizadas”. De hecho, el COPRED contabilizó a 87 mujeres trans que han sido agredidas en comparación con 42 mujeres cis.

Respecto a los objetivos que debería perseguir una regulación del trabajo sexual, en primera instacia, el COPRED llama a la sociedad y a las auturidades a reconocer legalmente esta actividad como un trabajo. Así, se promovería la protección a los derechos humanos de quienes decidan ejercerla.

El COPRED enfatiza en la necesidad de adoptar un enfoque integral en el acceso a servicios de salud y oportunidades educativas. Las políticas públicas tendrían que desarrollarse con perspectiva de género para garantizar la seguridad ciudadana y evitar la revictimización en las instituciones de justicia.

Además, González de la Vega confirmó la activación de una mesa de diálogo por parte de la Dirección General de Diversidad Sexual y de Derechos Humanos para gestionar mejor las propuestas sobre el respeto a los derechos de las trabajadoras sexuales.

Por otra parte, la doctora Buggs consideró que la creación de campañas gubernamentales para sensibilizar a la población respecto al tema, podría significar un buen inicio hacia la regularización. Ante la vulnerabilidad, las trabajadoras sexuales exigen programas que puedan garantizar la seguridad social por medio del reconocimiento a su labor, incluso para las y los adultos mayores que ejercieron el trabajo sexual, como las residentes de la casa Xochiquetzal.

Noti-Calle: periodismo del trabajo sexual

El acceso a la educación ha sido un objetivo primordial para el Centro presidido por la doctora Buggs y el COPRED, cuya labor también se concentra en la difusión de los derechos humanos y el autocuidado de la salud sexual para las trabajadoras.

La Brigada coordina acciones enfocadas a la misma finalidad, y lo consigue mediante su propio medio de comunicación: Noti-Calle. La publicación mensual editada y dirigida por trabajadoras sexuales, surgió en 1996 con la misión de informar a las trabajadoras sobre el uso del condón, los centros de salud donde pueden acudir si necesitan atención médica o psicológica y visibilizar la realidad que resisten en las calles.

Portada de "Noti-calle" No.27, Julio 2022.

Portada de “Noti-calle” No.27, Julio 2022.

Madrid recordó que cuando los medios entrevistaban a sus compañeras, nunca se publicaba lo que ellas decían, salvo los precios por sus servicios y una imagen sexualizada bajo el estereotipo: “las chicas del tacón dorado”. Jaime Montejo, integrante de la Brigada, sugirió escribir noticias desde sus experiencias. Así comenzaron los talleres de periodismo comunitario, impartidos cada lunes y el programa radial, Radio Talón.

Noti-Calle significó una herramienta contra la alfabetización. De acuerdo a la Brigada, el 60% de las trabajadoras sexuales en la Merced vienen de comunidades en extrema pobreza, “y es común que no sepan leer”, aclaró Madrid, “por eso aquí vienen, y las ayudamos a terminar su primaria,  secundaria y preparatoria. Ahora una compañera ya se va a la Universidad, de lo que estamos muy orgullosas”.

A través de Noti-Calle, las madres solteras pueden enterarse de los distintos apoyos de despensa que brinda la Brigada. Una actividad complementaria es el desarrollo de becas para los niños. Madrid llegó a gestionar 300 becados en un sistema que requiere una madrina o padrino para comprar útiles escolares y la atención de la mamá para que lleve a sus hijos a diario a la escuela. Los estudiantes deben mantener un promedio mínimo de ocho.

“Yo estoy segura de que la única manera de combatir los problemas estructurales es con la educación”, repitió Madrid el lema con el que Noti-Calle acerca el conocimiento en cuanto a derechos humanos a personas como Valentina Jiménez, mujer trans de 40 años, quien solía insultar a los policías que la extorsionaba, “porque no conocía mis derechos. Aquí viene a aprender”, evocó Valentina el progreso que ha tenido en cuatro meses de colaborar en Noti-Calle.

Valentina participó en talleres de entrevista, donde las trabajadoras enuncian sus cuerpos. En Noti-Calle, ellas alzan sus voces para dejar atrás la tarea exclusiva del periodismo tradicional, que elegía a quien darle voz. Frida Mendoza, periodista especializada en género, celebró que estos preceptos sean abandonados con la autogestión Noti-Calle, y reconoció que los medios deben capacitarse en perspectiva de género con especialistas o colectivos.

“El periodismo es algo muy importante, porque nos tenemos que actualizar sobre el cuidado a la salud”, dijo Valentina. Sus ojos cafés e inquietos encuentran un momento de sosiego en la página en blanco frente a ella. Esperó unos segundo e interrumpió el mutismo: “Todas tenemos una historia. Yo tengo mucho que contar”. Su voz, perdida entre el valor y lo sombrío, es la misma que se enfrentó a la brutalidad de un agresor armado con un machete.

“En un futuro voy a contar mi propia historia en Noti-Calle”, anunció. Al compartir sus experiencias, las trabajadoras se liberan y practican la cultura de denuncia. El resultado de este acercamiento con el periodismo derivó en la publicación de Putas, activistas y periodistas (2018), editado por la Brigada y Desinformémonos ediciones. El libro tardó siete años en terminarse, y narra la vida de las trabajadoras que fueron expulsadas de sus hogares o intercambiadas por bienes durante su niñez.

Los testimonios para el libro fueron registrados bajo una perspectiva de género, enfocada en evitar revictimizar a las mujeres que han sido agredidas. Estas bases son las que Mendoza recomienda al hablar de trabajo sexual: una redacción adecuada a favor de los derechos humanos y hecha desde la empatía, con la que se descarte la polarización.

Una vez más, contar historias de vida desde las calles, se ha convertido en un acto de resistencia contra la impunidad del crimen organizado y la indiferencia por parte de las autoridades. El trabajo sexual, aunque fue reconocido de forma legal, aún está en disputa ante los estigmas de una sociedad acostumbrada a invisibilizar las otredades.

Las trabajadoras sexuales visibilizan su realidad desde distintos frentes, unidas para exigir respeto y dignificar su labor. En palabras de Madrid, “no solo es saber tus derechos, sino hacerlos valer y judicializarlos”.

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Fotografía cortesía de la autora
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