Jesucristo contra el Estado

Hay conflictos que no surgen de la ambición ni del hambre, ni de la frustración ni del deseo, sino de la rivalidad de dos órdenes que pretenden, cada uno, ser el último. México vivió uno de ellos. La Guerra Cristera fue la consecuencia armada de una doctrina que afirmaba, con toda la seriedad que vaticinaba incluso una proclamación dogmática, que Jesucristo gobierna la sociedad tanto como las almas, y que cualquier Estado que lo ignore pierde toda legitimidad. La doctrina en cuestión, sobre el reinado social de Jesucristo, perdió fuerza en el Concilio Vaticano II, no sin antes dejar miles de muertos al grito de “Viva Cristo Rey”.

El trasfondo teológico de la Guerra Cristera es claramente ideológico: en 1925, el papa Pío XI instituyó la fiesta de Cristo Rey al promulgar la encíclica Quas primas. El gesto podría leerse como una celebración piadosa, un adorno litúrgico más en el calendario de la Iglesia. Pero hacerlo sería un error. Lo que el papa fijaba era una tesis de filosofía política: que Jesucristo no era rey únicamente en el orden espiritual de los creyentes, sino en todo el orden social y civil de los Estados; y por tanto, los pueblos, sus leyes e instituciones debían reconocer su soberanía o encontrarse, objetivamente, en estado de usurpación.

La doctrina no era nueva. Pío XI la recogía de una tradición que venía de León XIII y de las guerras culturales del catolicismo decimonónico contra el liberalismo, auspiciadas por los jesuitas. Pero la encíclica la codificó con una claridad que resultaría fatídica. El reinado social de Cristo implicaba que la Iglesia no era un club de voluntarios devotos que el Estado toleraba con benevolencia: era el cuerpo visible de una monarquía paralela, con su propia ley, su propia jerarquía y su propia demanda de lealtad, una lealtad que, en caso de conflicto, debía preceder a la que se debe al poder temporal:

La celebración de esta fiesta, que se renovará cada año, enseñará también a las naciones que el deber de adorar públicamente y obedecer a Jesucristo no sólo obliga a los particulares, sino también a los magistrados y gobernantes. A éstos les traerá a la memoria el pensamiento del juicio final, cuando Cristo, no tanto por haber sido arrojado de la gobernación del Estado cuanto también aun por sólo haber sido ignorado o menospreciado, vengará terriblemente todas estas injurias; pues su regia dignidad exige que la sociedad entera se ajuste a los mandamientos divinos y a los principios cristianos, ora al establecer las leyes, ora al administrar justicia, ora finalmente al formar las almas de los jóvenes en la sana doctrina y en la rectitud de costumbres (Quas primas, 33).

La encíclica no dejaba espacio para la interpretación diplomática: era explícito que la soberanía de Cristo habría de ejercerse sobre la educación de los jóvenes como una política de Estado. Y es imperdible la gravedad que roza esa amenaza de que Cristo “vengará terriblemente” el ultraje de haber sido echado del Estado por culpa de la secularización. La ignorancia, nótese, no era una atenuante: era, ella sola, causa suficiente de venganza divina. Un Estado que simplemente no se ocupara de Cristo, que lo dejara fuera de sus constituciones incluso por indiferencia, ya no tanto por hostilidad, habría cometido una injuria que exigiría reparación. Quas primas implicaba, pues, una teología que hacía imposible la neutralidad. El laicismo liberal, que se contentaba con separar la esfera religiosa de la política sin perseguir a ninguna, quedaba condenado con la misma lógica que el anticlericalismo militante: ambos ignoraban al Rey, y la encíclica no distinguía entre ignorancia y ultraje. O el Estado reconocía el reinado de Cristo y se subordinaba a sus principios —encarnados, desde luego, en la autoridad de la Iglesia—, o el Estado era, por definición, un poder ilegítimo que el tiempo y la providencia acabarían por corregir.

Pero el Estado mexicano que emergió de la Revolución había llegado a conclusiones diametralmente opuestas y algunos decidieron no esperar a la providencia: la Constitución de 1917 era antirreligiosa por convicción. Sus artículos 3°, 27° y 130° construían un orden donde la Iglesia no tenía personalidad jurídica, los sacerdotes no podían votar ni criticar al gobierno en público, la educación religiosa quedaba prohibida en la escuela primaria y los bienes eclesiásticos pasaban a manos de la nación. La Iglesia católica quedó expropiada, enmudecida, reducida a una asociación privada sin derecho a incidir en el espacio público.

Desde la perspectiva de la doctrina del reinado social de Cristo, esto era un caso paradigmático de blasfemia institucional. Si Cristo es el soberano legítimo de toda sociedad humana, un Estado que le niega ese título y le confisca sus templos perpetra un acto de rebelión contra el orden divino. El presidente Plutarco Elías Calles, con el anticlericalismo plasmado en las leyes que llevan su nombre de 1926, era visto por los católicos como el mismísimo Anticristo, el usurpador que había pretendido arrebatarle al Rey verdadero lo que era suyo. Esta lectura, por más que hoy resulte extraña, es del todo coherente. Quien acepta la premisa de que Cristo reina sobre las naciones no puede aceptar que un Estado le declare la guerra a su Iglesia y responder simplemente con una queja. Así lo denunció Pío XI en una encíclica dedicada exclusivamente a la Guerra Cristera, al deplorar que “quienes instituyeron, aprobaron y sancionaron tal ley ignoraban que la Iglesia, sociedad perfecta con propio derecho, ha sido constituida por Cristo Redentor y Rey de los hombres para el bien común, y que tiene plena libertad concedida por Dios para desempeñar su cargo” (Iniquis afflictisque, 1926).

Los cristeros tomaron las armas porque su teología les decía que era lícito y hasta obligatorio resistir a un poder ilegítimo. “¡Viva Cristo Rey!” era la declaración de una soberanía alternativa. Peleaban, a su entender, no contra el gobierno mexicano en nombre de los católicos mexicanos, sino contra los poderes del infierno en nombre de un Rey cuyo reino no era sólo del otro mundo. Y justo ahí radica el problema teológico de la Guerra Cristera. Aunque se la presenta como un acto de fidelidad doctrinal, en realidad fue una traición a la doctrina de su Señor: “¿Eres tú el rey de los judíos?”, le preguntó Pilato a Jesús. La respuesta no fue ni un sí ni un no: “Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían combatido para que yo no fuera entregado. Pero mi reino no es de aquí” (Jn. XVIII, 36). Fue una puntualización mayúscula.

Hay que detenerse en esa frase con la atención que merece, porque Jesús no está siendo evasivo. No dice que no tiene reino —Pilato insiste, y Jesús concede que sí es rey, que para eso nació—. Lo que dice es que su Reino no funciona como los reinos de este mundo, y por prueba ofrece el hecho de que, si fuera un rey en el sentido que Pilato entiende, habría ejército. No lo hay. Nadie combatió para impedir su arresto en el huerto. Pedro intentó hacerlo y Jesús lo detuvo. La ausencia de violencia defensiva es la definición misma del Reino que Jesús anunció. Un reino que se defiende con la espada deja en ese momento de ser el Reino de Cristo para convertirse en uno más de los reinos de este mundo.

La doctrina del reinado social de Cristo cometió exactamente ese error. Al elegir la monarquía como categoría central para presentar a Cristo ante el mundo moderno, la Iglesia estaba proyectando sobre su Fundador la nostalgia de su propio poder perdido en las revoluciones liberales que vinieron después de la Francesa. La monarquía es, de entre todas las figuras políticas posibles, la más saturada de historia sangrienta, la que más naturalmente convoca ejércitos, fronteras, súbditos. Vestir a Cristo con esa figura era una declaración de intenciones. Y las intenciones se cumplieron en el Bajío mexicano, donde hombres murieron gritando el nombre de un Rey que, en su único testimonio político directo, había explicado con toda claridad que los suyos no combaten.

Sin la doctrina del reinado social de Cristo, la Guerra Cristera habría sido impensable. Y tan hondo caló el descubrimiento de que la teología se había mancillado, una vez más, para legitimar lo que el propio Cristo había rechazado en el pretorio, que décadas más tarde la Iglesia acabaría por desmantelar la doctrina que había inspirado la guerra, al reconocer en el Concilio Vaticano II (1962-1965) la legítima autonomía del orden temporal y abandonar la pretensión de que la Iglesia debe gobernar las sociedades. Sin ambages, el Concilio enseñó que el Reino de Dios “no se defiende a golpes, sino que se establece dando testimonio de la verdad y prestándole oído, y crece por el amor con que Cristo, levantado en la cruz, atrae a los hombres a Sí mismo” (Dignitatis humanæ, 11).

Con toda razón el arzobispo Marcel Lefebvre, en su arenga ideológica de ultraderecha, acusó de herejes a los obispos conciliares que se opusieron a mantener la doctrina del reinado social de Jesucristo en los términos en los que había sido proclamada. Ese día, propiamente, terminó la Guerra Cristera: el día en que la Iglesia reconoció que había estado equivocada, que la soberanía política no pertenece a Cristo en el sentido en que lo entendió durante algunos años, que el Estado laico es una realidad con su propia dignidad, y que la misión de la Iglesia no es dirigir el mundo, sino testimoniar al Amor que por él se entregó.