Esclavitud moderna: voces de quienes aún luchan por sus derechos

“Desde que empecé a trabajar, aproximadamente a los diez años, fue por cuenta propia, mi madre se oponía, pero yo lo hacía a su pesar”, recuerda Antonio quien tiene cincuenta y cinco años y está al frente de la economía de su propia familia. Mantiene una apariencia vigorosa, se exacerba cuando cuenta cómo se adaptó a cientos de empleos a lo largo de su vida.

La dureza de su semblante se debe a los ángulos marcados de sus cejas. En la derecha, una cicatriz aparece como un acento sombrío sobre su experiencia del trabajo en las calles. Cuando era menor de edad, vendía Pinol en las casas. En una de ellas, un perro lo tomó por sorpresa y mordió su rostro. Escapó del ataque con la marca que lo acompañaría para siempre.

“Ayudaba a mi madre vendiendo gelatinas y a un hermano boleando zapatos. Después trabajé de cerillo en una tienda comercial, también vendiendo Pinol casa por casa, hasta que entré a trabajar formalmente con un horario fijo y un salario”.

Antonio, desde sus diez años de edad es una de las millones de voces que describen una de las caras de la esclavitud moderna debido a la precarización y un contexto adverso. El fenómeno se refiere a situaciones en las que una persona no puede abandonar una actividad debido a amenazas, violencia, coerción, abuso de poder o engaño, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El trabajo forzoso es una de las formas más comunes de esclavitud moderna. Implica cualquier trabajo o servicio exigido bajo amenaza y para el cual la persona no se ofrece voluntariamente, retención de documentos, acoso laboral y sexual, retención de pagos, o servidumbre por deudas. Este tipo de explotación ocurre en sectores como la agricultura, la construcción, el trabajo doméstico y la minería, y afecta tanto a adultos como a niños, como lo define la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

México ocupa un lugar medio en América Latina en cuanto a prevalencia de esclavitud moderna, que incluye trabajo forzoso, de acuerdo con el Índice Global de Esclavitud de 2023. Entre las causas, resalta el trabajo infantil en mercados, agricultura y actividades ilícitas.

Hay 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de entre cinco y diecisiete años en situación de trabajo infantil, lo que representaba el 13.1% de la población en ese rango de edad. De estos, 2.1 millones realizaban ocupaciones no permitidas, mientras que 1.6 millones se dedicaban a quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, conforme a la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), publicada en 2023.

Se contabilizaron 1.2 millones de niñas, niños y adolescentes que realizan trabajos considerados peligrosos, como actividades en la construcción, el sector agropecuario o en lugares de alto riesgo. Los menores de edad son explotados con mayor facilidad, pero la situación es similar para miles de mexicanos adultos que se enfrentan al adverso clima laboral.

La informalidad y el acoso laboral los principales peligros

En 2024, el país enfrentó desafíos significativos relacionados con el trabajo forzoso y la esclavitud moderna. Más de 850 mil personas en México vivían en condiciones de esclavitud moderna, conforme a las cifras del Índice Global de Esclavitud.  A nivel nacional, hubo un aumento del 15% en las renuncias relacionadas con condiciones peligrosas y acoso. Estas razones representaron el 36% de los abandonos laborales registrados en el primer trimestre de 2024, conforme a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Lorena Vargas, licenciada en derecho que ha desarrollado proyectos de investigación en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán-Texcoco, explica que el abuso más común en México es que el empleado labore tiempo extraordinario. El abuso lo comete el empleador al obligar al trabajador a permanecer más tiempo en su trabajo bajo amenaza de correrlos, descontarles de su sueldo, o hacerles pensar que es su obligación.

“En México siempre hubo una cultura laboral muy mala, incluso cuando una diputada habló sobre la reforma que busca reducir a cuarenta horas la semana laboral, mencionó que el país tiene una gran deuda con los trabajadores”, recuerda Gerardo cuando responde por qué considera que son comunes los abusos en los empleos. Él tiene treinta y cuatro años y ha pasado más de la mitad de su vida en diversos empleos formales e informales donde enfrentó el panorama que reporta la ENOE.

Respecto a los empleos informales, el INEGI reportó que la tasa de informalidad laboral en México se mantuvo alta, alcanzando un promedio del 54% durante 2024. Aunque sería incorrecto generalizar que los casos de informalidad laboral constituyen trabajo forzoso, esta cifra refleja la vulnerabilidad de una gran parte de la población trabajadora.

Este tipo de ocupaciones representan los factores principales de abusos laborales, porque no están regulados. “Son de fácil acceso, y actualmente hay más trabajos informales. Esto da pie a que las personas acepten las condiciones de trabajo por la necesidad económica”, explica Vargas.

La especialista precisa que algunos trabajos informales carecen de los ingresos suficientes para solventar los gastos que requiere tener un empleado. Tampoco pueden otorgar los pagos correspondientes u ofrecerles seguridad social. Sin embargo, ello no implica que deban excederse en el maltrato hacia sus empleados.

“Los riesgos del trabajo informal, precisamente son esos, que permiten las injusticias laborales que queden en la ilegalidad y no puedan ser debidamente salvaguardados los derechos de quienes sufren estos abusos laborales”, puntualiza.

Para Gerardo, la informalidad también significó una desventaja. A los quince años comenzó a laborar en la instalación de líneas de internet, aunque el riesgo era mínimo, laboraba sin seguro social cinco horas de lunes a viernes con ganancias de trescientos a quinientos pesos. Después, a los diecisiete años, fue contratado en una vinatería, donde el horario de ocho horas absorbía la mayor parte de su tiempo.

De forma paulatina, encontró diferencias importantes entre la descripción inicial de las tareas de su cargo y lo que desempeñó a diario. “Querían que fuera a trabajar de limpieza para el inmueble por fuera y que atendiera a su perro”. Además, tenía que surtir con nueva mercancía, cargarla y atender a la clientela en ocasiones.

Horas extras sin paga, las consecuencias de las regulaciones débiles  

Lo anterior es sólo un atisbo sutil hacia la situación injusta que enfrentan los trabajadores en México. Vargas considera que la violación a los derechos de los trabajadores y condiciones de trabajo desproporcionadas son posibles ante la necesidad extrema del trabajador. Incluso este fenómeno puede ser un punto de encuentro con el trabajo forzoso.

A pesar de existir una regulación respecto estos temas, “no están debidamente vigilados en cuanto a su cumplimiento”. Vargas ahonda en un vacío legal común para desarrollar su idea. En el caso del tiempo extraordinario, la ley regula el pago del mismo y bajo qué términos se considera creíble la existencia del tiempo extraordinario; sin embargo, permite parámetros mediante los cuales los empleadores puedan evitar pagarlos.

A partir de la reforma al artículo 784 fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo, en el 2012, el pago por horas extras podría evitarse. “Se estableció la división de la carga probatoria en la que el trabajador debe demostrar haber laborado más de nueve horas extras a la semana, sabiendo que un trabajador no tiene los elementos fehacientes para demostrarlo”.

El ambiente donde Gerardo experimentó el problema de las horas extra sin paga fue en los restaurantes. “Cuando dicen es de seis de la mañana a diez de la noche, en realidad tienes que quedarte a limpiar unas tres o dos horas más que no te las pagan”. También habló de cuando fue guardia de seguridad, experiencia en la que observó el problema con mayor gravedad. “Trabajas doce horas, pero si un compañero no puede asistir al próximo turno, lo relevan. Te dicen que te pagarán. Al final es una bronca que te lo paguen”.

Durante su vida, Gerardo tuvo oportunidad de continuar con sus estudios e informarse sobre las prácticas ilegales en las que incurren algunas empresas. Por desgracia, tuvo que atravesar por experiencias que incluso terminaron en demandas laborales. Trabajaba para Samsung, su cargo era jefe de área e intentó defender los quince minutos de tolerancia para trabajadores que se presentaran a sus puestos. Una de sus superioras, los regresaba a casa si llegaba diez minutos tarde.

Lo anterior era perjudicial porque las jornadas eran mayores a las ocho horas estipuladas por la Ley Federal del Trabajo (LFT). Por supuesto, nunca pagaban horas extras. “La inconformidad era que, al regresar a casa a alguien, los demás tendrían que cubrir ese trabajo y saldrían más tarde. Por haberlos apoyado, solicitaron mi renuncia que yo nunca pedí y no firmé”.  

Fue en ese punto en el que la situación empeoró. Primero evitaron liquidarlo de acuerdo con lo estipulado en la LFT: tres meses de salario, veinte días del sueldo base por año trabajado, aguinaldo y una cantidad proporcional del bono de vacaciones. “Me querían dar un monto menor y me dijeron que la oferta caducaría al salir de la sala de Recursos Humanos”, recordó con indignación.

Después, la empresa intentó privarlo de su libertad. “No te puedes ir hasta que entregues tus credenciales y toda tu documentación que pruebe que trabajaste aquí”, relata la forma en que intentaron intimidarlo. Gerardo supo que se trataba de una treta para que fuera imposible que él demandara y demostrara que fue contratado en esa empresa.

“Tuve que amenazar con marcarle a una patrulla para salir de ahí”, recuerda apenas crédulo de lo que hizo para defenderse aquel día. En otra experiencia laboral, tuvo que unirse a una demanda colectiva contra una empresa que se rehusaba a finiquitar a sus trabajadores. “Exigimos lo que marcaba la ley durante un año y dio frutos. En ese entonces querían darme sólo 6 mil pesos, pero tras ganar la demanda, obtuve 30 mil”.

El caso de Gerardo podría describirse como uno de éxito.  A nivel nacional en 2023, los conflictos de trabajo solucionados fueron 116 mil 626. El 33.6% de ellos, se solucionaron con convenios favorables para los trabajadores y empleadores. La cifra anterior significa que 2.1 personas trabajadoras por cada mil personas ocupadas lograron solucionar o llegar a un acuerdo en sus demandas de conflictos de trabajo, de acuerdo con el INEGI.

La voz de la minoría es la de Antonio. Cuenta que llevaba nueve años laborando en una empresa hasta que un día sus empleadores restringieron su acceso al contrato. Al poco tiempo, lo despidieron de forma injustificada. “Después de eso mi futuro fue incierto”.

La desigualdad social y la infravaloración del trabajo, pilares del abuso laboral

Gerardo considera que la justicia laboral llega tarde porque quiere compensar a las empresas. “Quieren atraer a la inversión extranjera a costa de abaratar la fuerza laboral”. Él entiende que los derechos laborales son importantes y celebra que las nuevas generaciones evitan emplearse en lugares donde la explotación es normalizada.

La lectura del hombre podría estar cerca de la realidad, aunque Vargas agrega un elemento decisivo: la desigualdad social. En sus palabras, el problema crea el estado de necesidad de las personas que las llevan a aceptar trabajos con condición que transgreden sus derechos laborales.

“También está el trabajo informal”, agrega Vargas. En esta situación impera el desconocimiento de los derechos laborales, así que las personas ceden a condiciones contra la ley por la desesperación de encontrar alguna ocupación redituable para ellos. La especialista también mencionó más componentes que afectan al clima laboral: “temas políticos, el excesivo cobro de impuestos a las pequeñas empresas (PYMES) y las extorsiones que sufren estás empresas”.

Aunque una solución resulte impensable para el contexto adverso, Vargas propone lo que considera un paso hacia la dirección correcta. “Un mayor avance en su legislación laboral en cuanto a su estricta vigilancia y cumplimiento”. También sería necesario mejor regulación con las PYMES, “que den oportunidad a que puedan dar cumplimiento con las leyes, que son las que tienden a estar más en la informalidad”.