El invencible verano de Liliana: feminicidios y memoria

Cristina Rivera Garza escribió una crónica en la que el dolor y la impotencia se abren paso desde las páginas hasta las entrañas del lector. La contraportada de El invencible verano de Liliana (2021) apunta a que se contará la historia del feminicidio de su hermana, Liliana Rivera Garza. La tragedia llega, pero antes hubo una vida que la autora narra con un trabajo biográfico exhaustivo, lo que la llevó a ganar el premio Pulitzer en 2024.

Las vivencias en la infancia y la juventud de Liliana son retratadas a través de cartas recopiladas en el libro. A una edad temprana, ella las escribía a sus seres amados y las dedicaba a sí misma en la mayoría de las ocasiones. La escritura fue una habitación propia donde su voz honesta la ayudaban a encontrarse en medio del caos.

Pese a su talento innato para el ensayo autobiográfico, decidió quedarse con su capacidad para crear espacios habitables y estudió arquitectura en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco. En aquel momento de su historia, la ambición por especializarse en su área y el amor hacia ella misma eran su consigna.

Valoraba los vínculos con sus seres amados mientras procuraba su libertad, algo que traería algunos reproches entre sus amigos; pero despertaría la furia de un hombre que acabaría con su vida. Su feminicida viajó incontables ocasiones desde Toluca a la capital para intimidar a Liliana al aparecerse fuera de su apartamento cerca de la UAM Azcapotzalco.

Liliana había terminado una relación amorosa con él años antes de cursar la licenciatura. Ella intentaría seguir con su vida y viajar a Londres para doctorarse. Así se alejaría del depredador con el que había aprendido a mantener cierta cercanía para minimizar algún daño a ella y a su círculo íntimo. Durante aquel tiempo aprendió a calmar a la bestia hasta que acceder a sus demandas fue insuficiente para estar a salvo.

El feminicida de Liliana comprendió que el amor era la fuerza que podría coaccionarla. Lo supo tras observar cómo ella se esforzaba para proteger a su familia de él, incluso cuando su padre y su primo tuvieron altercados con el hombre debido a la forma violenta en que la trataba. Al poco tiempo, usaría contra ella una estrategia conocida de los agresores: amenazar con dañar a la familia de sus víctimas para forzarlas a hacer lo que ellos desean.

La maldad de este feminicida usó el cariño que Liliana sentía por sus seres amados para controlarla. Con su crueldad, él trató de corromper el cariño de una mujer que siempre intentó amar pese al horror que la perseguía. Ese fuego sería lo único que nunca pudo arrebatar de su pecho, porque eligió pelear hasta el último de sus días contra el miedo y la voluntad de su agresor.

Liliana resistió la maldad, ese invierno que enfrentó con la esperanza de vivir libre, con un verano que quiso mantener verde hasta el último instante. Su final dejaría un dolor aún vivo, exacerbado debido a un sistema ineficaz para prevenir los feminicidios, cuya pusilanimidad indica que México es feminicida y jamás habrá consecuencias.

Un horror al que las autoridades nunca quisieron entender

Liliana Rivera Garza fue víctima de feminicidio a manos de un hombre desesperado por poseerla cuando intentó escapar de su acoso y abuso emocional. En el momento de los hechos, 16 de julio de 1990, lo que hicieron con la joven fue denominado crimen de pasión. Las autoridades explicaban con ese término las motivaciones detrás del asesinato de una mujer. Atribuían el problema a un arranque de celos, o el despecho de un varón que terminó en homicidio.  

Si la explicación fallaba y los familiares exigían justicia tras el crimen, las instituciones se refugiaban en los impenetrables muros de la burocracia. Las interminables solicitudes de consulta a las carpetas de investigación, el ir y venir de una dependencia de gobierno a otra es una artimaña descrita en la crónica de Cristina Rivera Garza, cuyo objetivo parece ser doblegar la voluntad de las personas mientras reviven el dolor de su pérdida.    

La autora también evidenció el daño que causaba el discurso reduccionista de los crímenes de pasión a lo largo de su obra. Con el concepto, se justifica de forma jurídica la poca disposición de los investigadores para hallar otros móviles del crimen, así se entorpecían las pesquisas para detener al culpable. Por desgracia, la incompetencia de las autoridades ha sido una constante. 

El resultado de estos impedimentos en la justicia alejaba la definición de feminicidio, una pieza importante para comprender el peligro que arrebató la vida de Liliana y un número desconocido de mujeres durante aquella década hasta la fecha. Los registros oficiales al respecto solo contemplan víctimas de homicidios dolosos, una clasificación diferente a la realidad por la que perecieron.

El horror era inexistente para las autoridades porque carecía de nombre. Para las víctimas y sobrevivientes, resultaba inexorable debido a las estrategias de manipulación que las mantenía en un contexto donde se normaliza la violencia. De igual forma, coartaban la posibilidad de que pidieran ayuda. Eso fue lo que pasó con Liliana. Su padre se percataría, muy tarde, que el feminicida de su hija la tenía amenazada con lastimar a otros si pedía auxilio.

Así en la década de 1990, la violencia machista era imparable. Lo peor fue que permanecería impune durante 21 años más. El delito de feminicidio se incluyó en el Código Penal del entonces Distrito Federal hasta julio de 2011. Un año más tarde, en junio de 2012, se incorporó en el artículo 325 del Código Penal Federal. A partir de aquel año se registraron los incidentes, pero la justicia aún estaría lejos.

Desde enero de 2012 a agosto de 2013 se cometieron 191 asesinatos de mujeres en Ciudad de México (CDMX). La procuraduría del entonces Distrito Federal investigó 70 de ellos como feminicidios, pero se carece de datos referentes al móvil del crimen. Respecto a los 121 restantes, calificados como homicidio, en 61% de ellos (74 casos), las víctimas perdieron la vida a causa del uso excesivo de fuerza.

Lo alarmante de esta cifra es que haya quedado fuera de las investigaciones de feminicidios. Debieron categorizarse como tal por tratarse de muertes con extrema violencia, o asfixia, de acuerdo con la información del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de México (OCNF).

La Procuraduría tampoco especificó en 87 casos de homicidios dolosos de mujeres cuál era la relación entre la víctima y el victimario. Averiguar el vínculo que tenían es de vital importancia, como enfatiza el OCNF, para comprender que los feminicidios a manos de conocidos o parejas superan la categoría de crímenes pasionales, la explicación que dieron a la tragedia de Liliana y a otras más. En síntesis, existía el delito de feminicidio, pero las instituciones carecían de la perspectiva de género para investigar los hechos. 

Se desconoce si la justicia llegó para los pocos casos que se registraron como feminicidios en aquel periodo. De lo que restaba de 2013 a finales de 2014, CDMX tuvo un descenso de 1.2% en comparación con lo sucedido en 2012. La presión de los colectivos feministas fue el componente clave para el descenso notable.

La impunidad marcó los casos de violación en 2013, que fueron una constante. Sin embargo, surgió otro problema desde la burocracia: las autoridades nunca separaron por sexo los registros, ni siquiera se esclarece en su totalidad cuáles tuvieron acceso a la justicia, conforme al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

Entre enero de 2015 y junio de 2016, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) contó 116 homicidios dolosos de mujeres, la mayoría de 18 a 60 años, y 85 se investigaron como feminicidios, pero no precisa quiénes fueron los agresores.

Entre diciembre de 2017 y octubre de 2018 hubo 39 carpetas de investigación para los casos de feminicidio, de acuerdo con información de la Secretaría de las Mujeres. El número pudo ser mayor, y tiene una explicación aquella cifra menor en apariencia: menos de 40% de los homicidios de mujeres fueron reconocidos como feminicidios, según una investigación de Animal Político.

Aunque las autoridades intentaron entender que el feminicidio era un problema real en México, surgieron varias inconsistencias en las investigaciones. En muchas carpetas se omite la forma en que las mujeres fueron asesinadas y el móvil del crimen. La burocracia impidió reconocerlos y los amontonó con otros casos de homicidios donde los rostros, el género y los nombres de las víctimas poco importaban. 

En los años posteriores, la incompetencia continuaría. El resultado final fue un rotundo fracaso para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres asesinadas, cuyas cifras exactas se desconocen en varios registros anuales desde el 2012 al 2018.    

Con tantos grilletes para respetar los derechos de las mujeres, la entonces jefa de gobierno de la CDMX, y actual presidenta, Claudia Sheinbaum, lanzó la alerta de género en 2019. Se trata de un mecanismo cuyo objetivo es investigar todas las muertes con perspectiva de género, así sería posible definir si un homicidio, o defunción, fue un feminicidio.

También se estableció una base de datos abierta al público para visualizar el registro de casos anuales. Las cifras contienen información que en años anteriores aparecía sesgada: número de carpetas por alcaldía, lugar de hallazgo de las víctimas, aumentos y descensos de los casos del 2019 a finales de 2024, y una comparación de grupos etarios.

El panorama que esbozan los datos es abrumador: en 2019 se contaron 72 víctimas; en 2020 fue el más alto, con 82; en 2021, los registros volvieron a contabilizar 72; en 2022, hubo 76; en 2023 disminuyó a 61; y para diciembre de 2024, 71, de acuerdo con el Atlas de Feminicidios de la Ciudad de México, cuya información comienza desde 2019.

El rango de edades en el cual se concentra el mayor número de víctimas es de los 30 a 59 años, con doscientas trece. El segundo grupo abarca de los 18 a 29 años, con 127, conforme a los feminicidios reportados desde enero de 2019 a diciembre de 2024. Si la fiscalía hubiera establecido el Atlas en 1990, Liliana hubiera formado parte del segundo conjunto con mayor riesgo de ser víctima de feminicidio. 

El grupo de víctimas entre 18 a 29 años ha estado presente en los últimos 6 años, pero pudo haber sido así desde la fecha del feminicidio de Liliana. Resulta aterrador el vacío que las autoridades propiciaron durante dos décadas para dar algún testimonio de lo que pasaba en la capital. De nuevo, la violencia feminicida parece desdibujarse debido a la invisibilización de las víctimas.  

Solo se tienen aproximaciones medidas en porcentajes. En 1990 las defunciones femeninas con presunción de homicidio en las que se recurrió a ahorcamiento y similares fue de 10.6%. Llegó a su punto más alto en 2003, con 25.4%. Para 2012, cuando se tipifica el feminicidio como delito, estaba en 11.8%, conforme a los registros de INMUJERES. Pero las cifras aisladas dicen poco del invierno que acabó con el verano de las mujeres a quienes las instituciones revictimizaron con su burocracia.

Un invierno institucional

Las mujeres en la capital han tenido que enfrentarse a un sinfín de ataques por razones de género, desde el acoso y la violencia doméstica hasta las agresiones que arrebatan sus vidas. La situación se ha perpetuado durante décadas mientras los agresores nunca responden por sus crímenes, como sucedió con Liliana. La amenaza proviene desde el exterior y tienden a quedar impunes.

Se ha visto que los registros desde 1990 hasta finales de 2024 son inexactos en responder cuántos feminicidios terminaron con justicia. En la actualidad, la tendencia ha disminuido con 58 vinculados a proceso a mitad de 2024, pero terminó con 71 casos de este delito, de acuerdo con el informe anual de SEMUJERES y el Atlas de feminicidio de la Fiscalía.

La disparidad aumenta entre los procesados y el número de denuncias en cuanto a la violencia contra las mujeres. De 2023 a finales de 2024, la policía capitalina atendió más de 197 mil sucesos y puso a disposición a 6 mil 639 agresores, conforme a los registros de SEMUJERES. La impunidad para el resto de los 191 mil sería la única respuesta en momentos de extremo riesgo.  

Si las instituciones de justicia procesan a un número ínfimo de agresores, las víctimas plantan cara a un sistema poco efectivo para ayudarlas. Incluso se enfrentan a esto en la misma policía. En ese mismo año, sancionaron a 563 policías capitalinos y otros 196, destituidos debido a actos de violencia contra las mujeres, como explica el mismo documento de la SEMUJERES.

El mismo invierno que se llevó a Liliana está dentro y fuera del sistema de justicia. Desde 1990 hasta finales de 2024, las agresiones que acechan a las mujeres han estado arraigadas en la cultura. Se normaliza hablar de víctimas por encima del respeto a los derechos de las mujeres. Se mencionan las muertes, pero nunca el cuidado de la vida.

Existe una táctica para incentivar la impunidad que Cristina Rivera Garza también describió: el olvido. Cuando la autora tuvo que volver a la procuraduría 40 de Azcapotzalco, la respuesta repetitiva de algunos funcionarios fue lo imposible que sería recuperar un archivo tan viejo de 1990. Desde el primer momento, deshumanizan la memoria de Liliana y reemplazan su nombre con el acta 40/913/990-07 del Ministerio Público.

Aquel expediente de investigación pasó de contener datos del crimen y del culpable a guardar polvo. El olvido había consumido las expectativas de justicia al menos para las autoridades. Sería diferente para la familia de Liliana, ellos quedarían ya para siempre enrabiados al igual que miles de personas que perdieron a una mujer a manos de un feminicida.

La crueldad del olvido por parte de las autoridades deja heridas profundas, difíciles de borrar y se acrecientan con cada fugitivo que logra evadir la justicia durante años. Eso sucedió con el feminicida de Liliana Rivera Garza. El hombre posesivo tuvo dos nombres. El primero lo usó hasta que tomó la vida de su exnovia: Ángel González Ramos. El segundo, Mitchell Angelo Giovanni, lo usó cuando habría huido a Estados Unidos tras cometer el delito, de acuerdo con Milenio y un post que Cristina Rivera Garza compartió en 2023.

El culpable nunca respondió por lo que hizo. Habría muerto ahogado el 2 de mayo de 2020, en Malina del Rey, California, Estados Unidos. Se sabría que la fecha de nacimiento de Mitchell Angelo Giovanni coincide con la fecha de nacimiento de Ángel González Ramos, el 18 de abril de 1967. Falleció meses antes de que Cristina Rivera Garza recibiera la carpeta de investigación correspondiente al crimen que le arrebató a su hermana.

Entre las cifras de homicidios que las instituciones evitaron clasificar como feminicidios están ocultas historias como la de Liliana. Eran mujeres con el alma rebosante de sueños y resistieron la violencia feminicida que suele quedar en la impunidad. Este invierno congela a cualquiera que cruce en su camino, y en México parece eterno.

Referencia:

Rivera Garza, Cristina. (2021). El invencible verano de Liliana. Literatura Random House