Tierra Adentro

A principios de la década de 1930, en Mazatlán, Sinaloa, un vendedor de huaraches reportó a las autoridades el robo de cien gramos de cocaína que, ilegalmente, iba a vender. Basado en una investigación documental, Froylán Enciso recorre las calles que presenciaron uno de los primeros casos de tráfico de drogas en la ciudad, las primeras mafias y las reacciones gubernamentales en turno.

El 6 de abril de 1931, Pascual Gutiérrez, un vendedor de huaraches de cincuenta y cinco años, originario de León, Guanajuato, que vivía en la calle 16 de Septiembre, cerca del Panteón #2 de Mazatlán, llegó a las oficinas de la Delegación Federal de Salubridad. Le habían robado cien gramos de cocaína que quería recuperar. Su necesidad era mucha.

El doctor Luis Cervantes, delegado de Salubridad en Mazatlán, atendió el peculiar caso de tráfico de cocaína. Peculiar porque, entonces, esa droga era poco común. Posiblemente algo llegó antes a Sinaloa, en el Porfiriato, como parte de los insumos importados por los franceses, quienes eran dueños de compañías mineras en Baja California y comerciaban intensamente con los puertos sinaloenses. El caso denunciado por el señor Gutiérrez pasó a la historia como el primer tráfico ilegal de cocaína del que tenemos registro en Sinaloa: una expresión local del proceso de declive de esta droga luego de su ascenso como mercancía global distribuida por la farmacéutica Merck.

El doctor Cervantes debió sorprenderse de que su primera denuncia relacionada con cocaína no fuera por tráfico ilegal o contrabando, sino por robo. El mismo contrabandista denunció el crimen. Por lo visto, Gutiérrez sabía de la prohibición de la droga, pero robar era más condenable moralmente en aquel tiempo que el comercio de drogas ilícitas. Como dijo el doctor Jesús Siorda Gómez, la cocaína era considerada entonces una droga «poco menos usada [que la morfina], tomada por aquellos pertenecientes a la “élite” de los toxicómanos; artistas, escritores e intelectuales en general».[1]

El doctor Cervantes preguntó a Pascual cómo había llegado a su oficina. Pascual explicó que ya tenía más de un año con este problema. Ya se había entrevistado con el señor Leoncio Toledo, jefe de la Policía Secreta de Mazatlán, quien levantó un acta y la turnó a la presidencia municipal. Toledo dijo que lo llamarían, pero nunca ocurrió. Pascual intentó hablar en repetidas ocasiones con el boticario Jesús V. Sarabia, entonces presidente municipal, pero éste se escondía.

Pascual decidió escribir una carta el 28 de febrero de 1931 al nuevo presidente municipal, Guillermo B. Gómez, quien le pidió que viera el asunto con el secretario de la presidencia. El secretario se limitó a mecanografiar los hechos y turnarlo a la oficina del doctor Cervantes, pues las drogas «enervantes» eran un asunto relacionado con salubridad pública.

«Lo que quiero, señor, es recuperar la cocaína, porque me la regalaron para que me ayudara. Necesito el dinero, tengo mucha necesidad», insistió Pascual Gutiérrez.

El doctor Cervantes debió sentirse orgulloso de que las autoridades municipales y policiacas vieran al Departamento de Salubridad como la autoridad indicada para perseguir un delito relacionado con drogas. Su trabajo de propaganda de la legislación sanitaria federal en la localidad ayudó a que lo nombraran como la autoridad en la materia. Cervantes levantó un acta. Alrededor de la once de la mañana, se reunieron Pascual Gutiérrez, el doctor Pedro Arzani, subdelegado Sanitario, y los testigos Francisco Valenzuela jr., jefe del Servicio de Desratización, y Carlos Gallardo Chávez, agente de Sexta.

La extraña historia de la cocaína robada inició en junio de 1930, cuando Gutiérrez se percató de que Alberto Federico, maquinista de ferrocarril y viejo amigo, venía en el tren que llegaba del sur mientras esperaba pasajeros para vender sus huaraches. Platicaron. Pascual se quejó de la mala situación económica por la que
atravesaba y su amigo se compadeció.

«No tengo dinero con qué ayudarte, pero te regalo esto para que lo vendas», le dijo Alberto Federico antes de partir hacia el ferrocarril de San Antonio, Texas, donde trabajaba.

Era un frasco de hojalata con cien gramos de cocaína. Pascual Gutiérrez lo dejó encargado en la casa de la señora Lina Carrillo, que vivía en una casa sin número en el callejón de Cocalucha de la calle Hidalgo. Le dijo que se lo guardara sin más explicación. En septiembre de 1930 lo movió al domicilio de la señora María Vega,
que vivía en otra casa sin número de la calle Zaragoza. Hasta octubre no buscó comprador para su frasco. Encontró a un amigo que se dedicaba a vender esa sustancia frente al Hotel Francés. Le propuso que buscaran cliente. Se encontraron el 25 de octubre porque había conseguido un comprador: un gringo que era huésped en el Hotel Belmar. Pidió que le llevaran la cocaína al día siguiente.

A la mañana fueron al Hotel Belmar. Se separaron poco antes de llegar. Su amigo pidió que lo esperara a la vuelta en una ventana de la casa de la señora Laura Gómez Vda. de Trucios, mientras hablaba con el gringo. Gutiérrez se sentó en la ventana junto a la bolsa de papel. Había cubierto la cocaína con seis pares de huaraches. De repente, llegó un individuo. Preguntó qué hacía.

«Nada, estoy esperando a que venga una persona que me va a comprar esos huaraches», contestó.

El individuo se identificó con una placa de policía. Pascual sintió el miedo que lo recorría, mientras el policía registraba la bolsa de papel. Para su desgracia, encontró la cocaína.

«¿Qué no sabe que está prohibido traficar con esto, compa?».

«Sí, pero yo no me dedico a traficar. Es que me la regalaron y es mucha mi necesidad, por eso la traigo».

El policía no le creyó. Preguntó si tenía más. Gutiérrez ofreció llevarlo a su casa para probar que no escondía nada, que esa era la única cocaína en su poder, y demostrar que no tenía otra propiedad aparte de los huaraches con que se ganaba unos pesos para malvivir. El policía aceptó ir a su casa. Ya de camino, el policía se detuvo en la calle Guelatao, frente a la National Paper and Typewriter Company, a platicar con amigos un rato. Cuando retomaron el paso, el propio policía dijo que si compartía la mitad de la venta, él podría encontrar comprador. A Gutiérrez no le gustó la idea. Llevaba mucho tiempo esperando esa oportunidad y ahora tendría que compartir las ganancias.

Al llegar con María Vega, el policía echó un vistazo y repitió la propuesta: él encontraría cliente si le daba la mitad del dinero que obtuvieran. Ante la insistencia, Gutiérrez ofreció darle el valor de una onza, si conseguía que les pagaran $3.50 por gramo (el mejor precio que, según le dijeron, se podría conseguir en Mazatlán). El policía aceptó, se llevó la cocaína y prometió regresar a la noche siguiente, cuando saliera de trabajar.

Luego de que el policía se retiró, Pascual Gutiérrez empezó a dudar. ¿Y si el policía fuera un impostor? ¿Si no era policía y nomás le estaba poniendo un cuatro? Entonces, recaminó lo andado para averiguar si el mentado policía en verdad lo era. En el Hotel Belmar preguntó al guardia si conocía a alguien con las características del hombre que se llevó su cocaína. No había otro guardia ahí, mucho menos alguien como el que describió. Luego buscó al individuo con quien se detuvieron camino a la casa de Gutiérrez. Esta persona vivía en la calle Hidalgo casi esquina con Carnaval, y confirmó que no era policía. Se llamaba Alfonso Cázarez y era síndico del pueblo de Siqueros, un funcionario público municipal que tenía fama de pillo.

Como Cázarez nunca regresó con el dinero, Pascual Gutiérrez levantó actas con el jefe de la policía secreta y la presidencia municipal, pero nadie lo ayudó. El doctor Cervantes y su equipo debieron quedarse estupefactos al escuchar la historia de Pascual Rodríguez. Es posible que no supieran con exactitud qué hacer. Decidieron tomar el papel de fiscales del caso y llamar a declarar al mayor número de testigos posible. El 27 de abril de 1931, el doctor Cervantes y los mismos funcionarios de Salubridad, a quienes se unió el mecanógrafo Armando Atienza, levantaron un acta con la declaración de Alfonso Cázarez, quien negó todos los hechos. Dijo que ni siquiera había estado en Mazatlán durante los días señalados por Pascual Gutiérrez, de quien dijo que sólo estaba armando mitote sin prueba alguna.

El mismo día llamaron a declarar al expresidente municipal de Mazatlán y boticario Jesús V. Sarabia, quien dio detalles parcos sobre el desempeño de Cázarez como policía y síndico, aunque dijo no recordar la carta de Pascual Gutiérrez. Quería evitar que se discutieran los rumores de que su botica proveía de opiáceos a toxicómanos y presos, pero la verdad habría de surgir.

Al día siguiente, 28 de abril de 1931, declaró Manuel Bejarano, quien conocía bien a Cázarez y proporcionó información fundamental. Bejarano era un respetable hombre casado, de cuarenta años, que trabajaba como colector de impuestos para el gobierno del estado de Sinaloa y el municipio de Mazatlán. Bejarano confirmó que a finales de octubre de 1930 vio pasar a Cázarez con otra persona frente a su casa y lo llamó para pedirle un recibo por su sueldo como síndico, pero Cázarez no lo traía. También confirmó que un individuo de «mala catadura», Pascual el huarachero, fue a preguntarle sobre la persona con quien había hablado. Él contestó que era Cázarez, el síndico de Siqueros.

El mismo día, este par de datos sirvieron para que Cervantes llamara de nuevo a Alfonso Cázarez, ya preso en la cárcel municipal junto a Pascual Gutiérrez. En su declaración se limitó a aceptar que conocía a Bejarano desde sus tiempos como funcionario de Siqueros, pero no aceptó la acusación de Pascual Gutiérrez. El día siguiente Leoncio Toledo, jefe de la policía secreta en Mazatlán, declaró que Gutiérrez y Cázarez mintieron.

Pascual Gutiérrez efectivamente levantó una denuncia por robo, pero no de la cocaína sino de unas alhajas. Gutiérrez, ahí presente, dijo que había mentido porque sabía que el comercio de cocaína no estaba permitido. Fue entonces que Leoncio Toledo dio en su mano el acta de denuncia al presidente municipal Jesús V. Sarabia, sin recibir orden alguna para seguir investigando. Por su parte, Alfonso Cázarez tenía una segunda identidad. A finales de octubre, Leoncio Toledo vio a Cázarez en la esquina de las calles Leandro Valle y Benito Juárez, cuando otro individuo de apellido Araujo, lo llamó:

«Hola Gutiérrez, ¿desde cuándo no va a Guadalajara?», gritó Araujo.

Cázarez bajó de la banqueta y platicó un rato con él. Luego, Leoncio Toledo preguntó a Araujo por pura curiosidad que quién era la persona con quien estuvo platicando.

«Es Alberto Gutiérrez, sargento primero de la policía montada de Guadalajara», contestó.

Cázarez nunca aclaró los detalles de esta doble identidad. Algo grave ocultaba porque decidió aceptar los cargos por robo de cocaína. Ya para ese punto de la vida, como dicen en Sinaloa, a Cázarez no le alcanzaban los vivos para enterrar a los muertos.

El 29 de abril, Cázarez aceptó que estuvo en Mazatlán en octubre de 1930. Su amigo, Monje, le contó que Pascual Gutiérrez tenía en su poder cierta cantidad de cocaína que podrían robar. Cuando Cázarez regresó a Mazatlán, el 25 de octubre, Monje averiguó con Pascual Gutiérrez, so pretexto de que tenía un comprador, que se trataba de cien gramos de la marca alemana Merck.

Monje buscó a Pascual Gutiérrez de nuevo y le dijo que debía llevar la cocaína al Hotel Belmar, donde un gringo la compraría. Gutiérrez no aceptó, sino hasta la mañana siguiente. Ese día Monje pidió a Pascual Gutiérrez que esperara a que hablara con el huésped estadounidense antes de llegar al hotel en la esquina de las calles Olas Altas y Constitución. Tal y como había declarado Pascual Gutiérrez, Cázarez le hizo la plática mientras estaba sentado, por petición de Monje, en una ventana.

Cázarez mostró una placa de policía que le prestó un amigo, registró su bolsa y lo amenazó con denunciarlo; sin embargo, dijo que no fue él, sino Gutiérrez quien ofreció dar la mitad de la venta si no lo denunciaba y que ya tenía un cliente gringo. Entonces Cázarez propuso hacer la venta y preguntó si tenía más. Gutiérrez le dijo que no y, para probarlo, lo invitó a su casa. Ahí ofreció compartir el valor de una onza con Cázarez. Hecho el trato, Cázarez prometió regresar con el dinero, pero en vez de eso se fue a Siqueros con la cocaína.

Cázarez no volvió a Mazatlán hasta los primeros días de noviembre. En un expendio de cerveza del mercado se encontró con Roberto Magallanes, traficante conocido de drogas, pero no llegaron a un acuerdo. Dos días después, se encontró con Magallanes por segunda vez en el Café América. El traficante sacó de su cinturón de culebra ciento veinte pesos, cien en monedas de oro y veinte en plata, para pagar los cien gramos. Recogieron la cocaína en casa de Cázarez y regresaron al café por más cervezas. Cázarez compartió setenta de esos pesos con Monje.

El doctor Cervantes y su equipo no pudieron controlar la ebullición de preguntas ante tan cínica declaración.

¿Quién fue el policía que le prestó la placa para engañar a Gutiérrez?

No recordaba. La regresó de inmediato.

¿Cómo y desde cuándo conocía a Magallanes?

Desde que era agente de policía; Cázarez sospechaba que Magallanes era traficante de drogas porque lo veía muy seguido en la estación de ferrocarril en compañía de otro delincuente conocido de apellido Galarza. Un día, Cázarez fue a la estación para detener a un americano traficante y ahí vio a Magallanes cargando un veliz lleno de drogas. Cázarez no aceptó los treinta pesos de oro de soborno que ofreció Magallanes y tampoco hizo la denuncia. Le hizo el favor gratis. A cambio, desde entonces fueron amigos. El trabajo de Cervantes no concluyó con las quince páginas de copiosas notas sobre el extraño caso. Llevó el expediente al ministerio público federal Vicente MacGregor con la petición de que procesaran penalmente tanto a Pascual Gutiérrez como a Alfonso Cázarez. Luego de casi un mes de trabajos, por fin, el 30 de abril de 1931, el ministerio público solicitó al Juzgado de Distrito en el estado de Sinaloa que iniciara el juicio.

El expediente del juicio se abrió el 1 de mayo de 1931 por el juez de Distrito en Mazatlán, Salvador H. Rangel, según se informó ese día al Tribunal del 4º circuito en Guadalajara. En tan sólo tres días, el 4 de mayo de 1931, luego de pedir que todos declararan de nuevo, el juez Rangel decretó la libertad tanto de Gutiérrez como de Cázarez, debido a que no estaba «comprobada la existencia del cuerpo del delito, puesto que la cocaína con que los reos traficaban no pudo ser recogida y, por lo tanto, mucho menos sometida al examen pericial que en estos casos se requiere».

La frustración del doctor Cervantes debió ser mayúscula. El tráfico ilegal de drogas merecía castigo. La falta de cuerpo del delito era un tecnicismo jurídico que no debía limitar el avance de los programas que regenerarían al país bajo las nuevas instituciones que los revolucionarios estaban construyendo. El castigo del tráfico ilegal de drogas era urgente no sólo por motivos de salubridad pública. La «vergonzosa» actividad estaba infectando a la sociedad en su conjunto. La corrupción de policías y funcionarios municipales era una prueba.

La única manera de superar la frustración, para un hombre de acción como Cervantes, antiguo médico de Venustiano Carranza, era luchar. Su lucha se reflejó en el aumento de la persecución de traficantes de drogas y toxicómanos durante su estancia en Mazatlán. Además, usó todos los recursos a su alcance para convencer a las autoridades centrales para que se hiciera algo.

Así inició una guerra.

 

 

 

[1] Toxicomanías. Ensayo de interpretación. Tesis para su examen profesional de médico-cirujano, México, Facultad de Medicina, Universidad de México, 1933, p. 33.

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Fotografía cortesía de la autora
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