Tierra Adentro
Fotografía de Katie Rainbow, 2021. Recuperada de Pexels.
Fotografía de Katie Rainbow, 2021. Recuperada de Pexels.

Son ya cinco años desde que mi perfil como mujer trans se hizo visible, en febrero de 2021. Ocurrió porque comencé a publicar columnas de opinión al respecto de los derechos de las personas trans y de cómo el movimiento feminista —que al tener una óptica interseccional debería ser un lugar seguro también para nosotras— estaba siendo instrumentalizado por ciertas figuras y colectivas para violentarnos y negarnos derechos.

Me gustaría decir que desde entonces la situación ha cambiado, que estos cinco años transcurridos han servido de algo, pero lo cierto es que el contexto global no nos ha ayudado. El regreso de Donald Trump al poder, el dominio de personajes como Elon Musk en las principales plataformas tecnológicas con las cuales hoy nos comunicamos, y el impacto cultural de escritoras transodiantes como J.K. Rowling, nos han sumido en un profundo retroceso que nos tomará años revertir.

Veamos algunos datos que, por más desoladores que sean, debemos tomar en cuenta para poner en perspectiva la situación.

A nivel político y mediático, desde Estados Unidos se ha erigido una persecución institucional, replicada en muchos otros países del mundo al haberse convertido en una estrategia de altísima rentabilidad electoral. En su más reciente campaña presidencial, Donald Trump y sus comités aliados convirtieron nuestros cuerpos y nuestra identidad en uno de sus principales campos de batalla. Basta ver que destinaron más de 215 millones de dólares en anuncios televisivos de corte abiertamente antitrans, de acuerdo con la firma de monitoreo AdImpact. Esta inversión superó con creces el gasto destinado a temas históricamente prioritarios como la vivienda o la economía.

La violencia retórica tardó muy poco en materializarse en políticas punitivas. Tras asumir su segundo mandato, Trump inauguró su regreso a la Casa Blanca y firmó una orden ejecutiva diseñada expresamente para borrar la identidad de género de toda política y documento federal. Estas acciones establecieron una definición binaria del género, a partir de una pobre y errática comprensión de la categoría sexo. En cascada, este retroceso ha escalado a través de medidas administrativas brutales: el Departamento de Estado bloqueó la autodeterminación de género en pasaportes y visados; el Buró de Prisiones eliminó el presupuesto para la atención médica de afirmación de género de las personas privadas de la libertad; e iniciativas como la SAVE America Act (HR 8281) avanzan en el Congreso para imponer candados burocráticos que limitan el derecho al voto de poblaciones vulneradas: principalmente a mujeres cisgénero y a la población trans, cuyos documentos actuales no coinciden con sus registros de origen.

Ahora veamos el caso de México, actualmente el segundo país con mayor número de crímenes de odio contra las personas LGBTIQ+. En 2024 se registraron al menos 80 asesinatos de personas de la diversidad sexual y de género, de los cuales 55 correspondieron a mujeres trans. Esta cifra, además de ser la más alta en los últimos tres años, representa el 68.8% del total de homicidios LGBTIQ+ registrados en el año, de acuerdo con la organización Letra S.

La violencia transfeminicida se ha posicionado como el rostro más brutal de la exclusión estructural, y su tendencia al alza exige una respuesta específica del Estado que no termina por llegar de manera contundente.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG 2021) del INEGI, en México viven más de cinco millones de personas LGBTIQ+ y no binarias mayores de 15 años. Al menos 316 mil 258 se identifican como personas transgénero o transexuales, y de ellas, 147 mil 914 como mujeres trans. Con base en esta población, Letra S apunta que la tasa de homicidios para mujeres trans en 2024 alcanzó los 37.1 asesinatos por cada 100 mil habitantes, cifra siete veces mayor que la de mujeres cis, que fue de 5.4. Esta realidad, marcada por el prejuicio, la saña y la impunidad, pone en evidencia las limitaciones del enfoque universalista de género para atender la violencia.

La violencia hacia las mujeres trans se expresa en múltiples formas: asesinatos, tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias, exclusión económica, precariedad laboral, acoso y discriminación en instituciones de salud, educación y justicia. Además, las violencias suelen ser invisibilizadas de forma estadística y mediática, lo que impide un análisis sistemático.

Del total de mujeres trans asesinadas en 2024, 12 de ellas se dedicaban al trabajo sexual, siete eran estilistas y cuatro trabajaban en el sector servicios. Estas cifras, sin embargo, son apenas un subregistro. De los 55 asesinatos, 22 cuerpos fueron hallados en la vía pública, reforzando el carácter simbólico y colectivo de esta violencia, cuya función no es solo eliminar una vida, sino intimidar a una comunidad entera.

A esto se añade el aumento de agresiones a mujeres defensoras de los derechos humanos y figuras visibles. En 2024, al menos cinco mujeres trans asesinadas eran defensoras. También fueron asesinadas cinco figuras políticas y cuatro figuras sociales. La visibilidad, lejos de ser una garantía de protección, se convierte en un factor de riesgo. Además, las mujeres trans y no binarias se encuentran, en muchos casos, fuera del radar institucional.

La mayoría de las políticas públicas y mecanismos de protección para mujeres operan bajo un paradigma cisgénero que, aunque no lo declare explícitamente, presupone una identidad de género normativa y una orientación heterosexual. Este enfoque impide reconocer la particularidad de la violencia motivada por prejuicio hacia las mujeres de la diversidad sexual y de género, lo que obstaculiza su acceso efectivo a la justicia, la salud, la educación y el trabajo digno. La invisibilización se traduce en falta de datos, ausencia de protocolos diferenciados, inadecuación de los servicios y omisión en los marcos normativos.

En el plano mediático, si bien las mujeres trans somos cada vez más visibles, es también evidente que el perfil de personajes que se admiten en televisión y otras plataformas son únicamente aquellos que permiten la burla en torno a su identidad. Y si bien la comedia es una herramienta que permite la cercanía con la sociedad, también legitima los discursos de odio, así como diversas formas de violencia verbal, psicológica y física en nuestra contra.

A la luz de lo aquí relatado, resulta urgente la lucha en colectivo por parte de las poblaciones LGBTIQ+ para poner en el centro los cuerpos de identidad del sector más vulnerado, que somos precisamente las personas trans. Particularmente las transfeminidades racializadas y precarizadas. Porque no podemos cometer el error de seguir buscando romper techos de cristal. Una lucha cuyo principal objetivo es la búsqueda de visibilidad o representación es una lucha condenada al fracaso. Una lucha cuyos principales logros son darle más privilegios a quienes ya los tienen, es una lucha condenada al fracaso.

Toca seguir poniendo el cuerpo, la voz y la vida en una lucha que mire a la persona de al lado, que no busque encabezar ni dirigir su protesta, pero sí acompañarle. Acompañarle en su rabia, en su ternura y en una vida que, al menos por hoy, se nos sigue escurriendo entre las manos.