El eco que cargamos
Le quedaba medio sol al sábado. Tristana y yo habíamos terminado de echarle un vistazo —apresurado, más bien escueto— al Panteón de París, preocupados por encontrar un lugar donde comer. Una inercia morbosa nos animó a caminar hacia el Jardín de Luxemburgo, donde reverberaban sirenas que no parecían provenir de ninguna clase de ambulancia. A la calle le brotaron policías antimotines cubiertos por un exoesqueleto que, desde la tibia hasta la frente, les blindaba todo el cuerpo. La procesión de cascos nos habría preocupado de no ser por la tranquilidad con la que los turistas continuaban su recorrido. Las miradas se hallaban a medio camino entre la indiferencia y la ingenuidad.
Ya en el Jardín entendimos la presencia de los agentes de las Compañías Republicanas de Seguridad: vigilaban, arremolinados desde el otro lado de la glorieta, una manifestación pro-Palestina. Alrededor de trescientas personas se desperdigaban por la avenida, la mayoría alzando banderas y portando un keffiyeh en el cuello. Desde la caja trasera de la camioneta que dirigía a la muchedumbre, una de las partidarias de la Coordinación de Llamamientos para una Paz Justa en Oriente Medio (CAPJPO) urgía a los manifestantes a no dejarse provocar por las fuerzas policiales. La acción pacífica era, desde el imperativo megáfono, la norma del día. Los miembros de la Coordinación habían elegido el día 12 de abril para comenzar una serie de actos públicos en contra del genocidio, motivados por la retórica vacía del gobierno francés ante los crímenes de guerra de Netanyahu. Los clamores no se limitaban al alto al fuego: perseguían también la imposición de sanciones, la rendición de cuentas.
Nos unimos a la protesta para oír a quienes se turnaban la palabra. Eran pocos los turistas que detenían el paso para siquiera husmear entre las consignas y las pancartas (entiendo que el activismo es una de las últimas prioridades de quien viaja por placer), pero no faltaron los que, incluso sin dominar del todo el francés, se acercaron con timidez a tomar fotos o recibir volantes. Reunidos en nombre de víctimas lejanas, acaso los asistentes entendieron que la solidaridad comienza con la escucha.
Al día siguiente terminamos por instalarnos en casa de Isa y Sophie, exmaestras de Tristana que nos permitieron dormir allí a cambio de cuidar a sus gatos mientras ellas estuviesen de vacaciones. El lugar se encontraba a una cuadra de la estación Porte de Montreuil del metro y a nosotros nos agradó la idea de descansar en la periferia parisina. Agotábamos la tarde del martes 15 leyendo en la sala cuando los gritos de un megáfono atravesaron la calle. Lo primero que vimos por la ventana fue una fila de banderas palestinas y una que otra libanesa, portadas por adultos lo mismo que niños. La manifestación avanzaba a paso calmo tras una miniván empapelada con carteles; de su techo pendían astas y varias bocinas. Se trataba, nuevamente, de una procesión organizada por la CAPJPO. Desde mi sitio en el tercer piso del edificio les dediqué un aplauso que varios vecinos replicaron. Al vernos, una anciana entre la congregación nos dio una amistosa orden con un gesto de mano: vengan. Y fuimos.
La elección de Montreuil como uno de los puntos de articulación política del movimiento fue sencilla, casi obvia: esta commune, que forma parte del departamento Seine‑Saint‑Denis, cuenta con 110 000 habitantes, de los cuales más de 27 000 son inmigrantes que provienen —en su mayoría— del Magreb: desde el Sahara Occidental hasta Libia. El 60 % de los jóvenes menores de 18 años tienen al menos un padre que nació en el extranjero. Una interpretación descuidada llevaría a pensar que la masificación se debía solo a un sentimiento de solidaridad árabe, pero bastaba un vistazo para notar que la mayor parte de las personas congregadas eran francesas. Las circunstancias habían añadido al grupo a un par de mexicanos.
Al andar nos enteramos de que uno de los motivos principales de la protesta era promover el boicot a empresas que financian directa o indirectamente el aparato militar del ente sionista. Durante la charla con los miembros de la Coordinación recordé un argumento común que se esgrime en contra de quienes, desde México y sus latitudes cercanas, se pronuncian ante las atrocidades cometidas por Israel; sobra la sorna en el discurso de los que recriminan que nuestras prioridades políticas deberían enfocarse en problemas endémicos, que sí nos corresponden.
¿Por qué dedicar fuerzas a Palestina cuando en nuestro territorio se sostiene una lucha terrible contra males tan punzantes como el crimen organizado y la corrupción institucional? ¿Por qué llorar otros muertos cuando los nuestros son tantos que se desbordan de las morgues y terminan por poblar las calles? ¿Por qué hacerle un espacio discursivo a una masacre ajena cuando nosotros apenas cabemos en la propia? Hace tiempo, plantado frente a unas banderas palestinas que se alzaban en Plaza Guadalajara escuché a un hombre decir que nosotros no tenemos vela en ese entierro. El tipo ignoraba que, de hecho, la tenemos.
En diciembre de 2024, afuera de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se había instalado una pequeña comitiva de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México (UJRM); las chicas y los chicos aprovecharon la visibilidad del evento para exigirle a la Universidad organizadora que rompiera todo vínculo con Israel. Dediqué una de las tardes de mi asistencia a la Feria a charlar con ellos y leer los materiales de denuncia que habían llevado; buscaban informar a los transeúntes sobre el papel del sionismo en la escalada de narcoviolencia mexicana. Yo sabía lo esencial: que, hace décadas, Israel había tenido un rol central en la formación de grupos paramilitares que algunos gobiernos latinoamericanos utilizaron para reprimir a su población. En el caso mexicano, muchos de los militares con adiestramiento israelí abandonaron sus puestos oficiales para convertirse en los brazos armados del narcotráfico.
Desde los años ochenta, militares israelíes —casi siempre antiguos miembros de las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF)— se encargaron de instruir en técnicas de contrainsurgencia y guerra irregular a grupos paramilitares colombianos, como los que más tarde integraron el Cártel de Medellín. Estas milicias aprendieron tácticas avanzadas de terrorismo de Estado gracias a gente como el coronel Yair Klein, cuya empresa ofrecía entrenamiento con autorización del gobierno israelí.
Más tarde, en 1994, el gobierno mexicano recurrió también a expertos israelíes, enviándolos a Chiapas para enfrentar el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las autoridades implementaron técnicas de inteligencia, control territorial y guerra psicológica derivadas directamente de la experiencia militar sionista en zonas ocupadas. El sureste indígena se convirtió, en tiempo real, en un macabro laboratorio de represión estatal.
El Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), unidad creada específicamente para el combate contrainsurgente y antinarcóticos, fue capacitado de forma directa por oficiales israelíes. Este proceso no fue sino la continuación mexicana de un proyecto largamente ensayado en otras partes de América Latina durante la Guerra Fría. Ya desde mediados del siglo XX, instituciones como la Escuela de las Américas (U.S. Army School of the Americas, SOA) instruyeron a militares latinoamericanos —y ensayaron, también, nuevas posibilidades— en las minucias de la guerra irregular, los interrogatorios violentos, la represión civil y el control psicológico de comunidades enteras. México se insertó tardíamente en esa tradición: con la emergencia del EZLN, la doctrina de seguridad nacional estadounidense encontró una oportunidad de alianza con el gobierno salinista, que buscó con urgencia capacitar a sus tropas bajo los mismos esquemas represivos.
Bastó apenas una década para que aquellos soldados desertaran masivamente y se pusieran al servicio del crimen organizado. Así nacieron Los Zetas, brazo paramilitar inicialmente asociado al Cártel del Golfo, cuyos primeros integrantes aplicaron en las calles mexicanas las mismas estrategias que habían aprendido en cursos avanzados de asalto urbano y operaciones clandestinas. Habría que preguntarnos qué porción de la violencia sistemática del narcotráfico mexicano es una consecuencia directa de esta prolongada militarización encubierta.
Fue gracias a los activistas de la UJRM que me enteré de que, en este mismo momento, armas producidas en Israel están llegando a los arsenales del crimen organizado. Fusiles de asalto como el Galil y el Tavor, vendidos originalmente al ejército mexicano por Israel Weapons Industries (IWI), terminan empuñados por sicarios del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. No hay metáfora en esto: son los mismos cañones los que se apuntan contra las sienes de palestinos y mexicanos.
Las armas israelíes resultan apenas un eslabón más en el círculo de la violencia que nos aflige. ¿Acaso no nos damos cuenta de que, al fortalecer a los grupos criminales, se justifica la militarización constante del país y de paso se alimenta el apetito del complejo militar-industrial estadounidense? Se trata de una bestia siempre lista para ofrecer nuevas soluciones armamentísticas a problemas que, paradójicamente, ella misma ayudó a crear.
La violenta parafernalia de los carteles —sus arsenales masivos y sus interminables filas de convoyes blindados, por ejemplo— proyectan en la ciudadanía una desesperanza imposible de paliar; por su parte, el eje Estados Unidos-Israel encuentra en ella la excusa perfecta para mantener viva su retórica intervencionista. De tanto en tanto, dependiendo de los ánimos del trumpismo, se intensifica entre los políticos norteamericanos el deseo por ingresar sus fuerzas armadas a nuestro país.
Hoy, 5 de julio de 2025, salió a la luz la noticia de que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió 25 millones de dólares de empresarios israelíes a cambio de otorgarles contratos para la venta del software de espionaje Pegasus. El reporte, revelado por el diario israelí The Marker, detalla cómo Avishai Neriah y Uri Ansbacher comercializaron una tecnología diseñada para la vigilancia digital de periodistas y disidentes. Peña Nieto habría facilitado que este instrumento de represión digital se convirtiera en una herramienta de violencia institucionalizada. La acumulación de noticias como esta sirve para mostrar el rol central de Israel en la represión contemporánea —con tantas décadas a cuestas, bien podríamos decir histórica—de varios pueblos del mundo, mucho más allá de su territorio geográfico.
Pude contarles a los activistas de Montreuil lo que me compartieron los de Guadalajara. De estos breves encuentros aprendí que los artefactos de violencia involucrados en la política internacional también atraviesan las dimensiones de nuestra vida individual y, por extensión, la social. No hay espacio para la hipérbole al decir que la lucha de palestina está emparentada con la nuestra. El de la búsqueda de paz y justicia es el eco que cargamos todos, a todas partes.
